El Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) lleva años intervenido, y lejos de mejorar, su funcionamiento se ha ido debilitando. Hoy, es un organismo que construye cada vez menos viviendas y donde la discrecionalidad política es cada vez más visible, dejando en evidencia una falta de planificación y transparencia.
Es necesario poner fin a la intervención y avanzar hacia un INVICO moderno, eficiente y participativo, que esté a la altura de los desafíos habitacionales de la provincia. Corrientes enfrenta un déficit habitacional monstruoso que no puede seguir esperando respuestas a medias ni parches coyunturales.
El Instituto debe reorientar sus prioridades, dejando de lado las decisiones centralizadas y politizadas, y enfocarse en un modelo de gestión mixto, con planes de articulación público-privada, que permitan aumentar la inversión, agilizar los procesos y llegar a más familias con soluciones reales.
Transformar el INVICO no es una opción: es una urgencia social y una deuda con miles de correntinos y correntinas que aún esperan el derecho básico a una vivienda digna.
